Con la detención del ex dictador Gregorio Álvarez, la Justicia uruguaya aplicó el delito de “desaparición forzada de personas” por primera vez. La fiscal Mirtha Guianze adelantó que existe la posibilidad de anular la Ley de Caducidad, que desde 1986 otorga impunidad a los represores, y dijo que utiliza jurisprudencia de casos argentinos.
Diciembre de 2007.
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